Una nueva ley, otra vez en el ámbito de la propiedad intelectual, y otra vez los mismos sinsentidos

Parece que tenemos nueva ley en el ámbito de la propiedad intelectual. Como de costumbre, después de cumplir un ciclo de unos pocos años volvemos a estar hablando de una ley mal escrita por aquellos que se supone que entienden de esto y que no gusta a casi nadie.

Como ha pasado en anteriores ocasiones los que ahora están gobernando han propuesto una actualización de la ley en base a lo que piden ciertos grupos de presión, con el objetivo de dar respuesta a los deseos de sus amigos. Y aquí tenemos el primer punto criticable. Promulgar leyes que desde la primera palabra hasta el último punto buscan dar facilidades a ciertos intereses económicos muy concretos es algo que está podrido de base. Luego algunos se sorprenden al ver que la amplia mayoría se posiciona en contra de la propuesta. En realidad tampoco parece importarles mucho, mientras que tengan a sus amigos contentos no hay problema.

La ley que nos ocupa trata de limitar el uso por parte de terceros de los contenidos creados por unas pocas empresas, entre otras cosas. Ya llevan un tiempo esos editores que no saben cómo adentrarse en el mundo de Internet denunciando que las que sí lo han hecho les están robando. Los servicios del tipo de Google News, por ejemplo, utilizan contenidos de diferentes diarios para dar su servicio pero mostrando sólo el titular, una imagen y un pequeño fragmento de la noticia y proporcionando un enlace a la fuente original para que los lectores puedan leer el contenido en su totalidad.

Los mencionados editores piden una tasa a servicios como el descrito arriba, sosteniendo que se están enriqueciendo utilizando sus contenidos mientras que los creadores originales pierden dinero. Sin embargo los editores saben muy bien que los llamados agregadores dirigen gran parte del tráfico que llega a sus webs. Cabe recordar que los negocios sustentados por la publicidad se basan en conseguir visitas a las páginas web y que por lo tanto los agregadores ayudan a los editores a conseguir beneficios.

Los dueños de los grandes periódicos también saben muy bien que pueden dejar sus contenidos fuera de los buscadores y algunos agregadores de forma muy muy muy sencilla. Si no hacen uso de estos mecanismos es claramente porque saben que no les interesa hacerlo, no hay otra razón. Lo que quiere esta gente es ganar dinero con su trabajo (cómo no), pero si de paso pueden ganar algo más con el trabajo del resto mejor que mejor, y es aquí cuando empiezan los problemas.

Volvamos a lo que es la ley en sí. Es muy curioso ver el gigantesco nivel de ambigüedad que son capaces de conseguir nuestros queridos políticos cuando desarrollan leyes de ámbito tecnológico. El caso de esta última reforma no podía ser menos, claro está, y hay multitud de aspectos clave que quedan sin explicar. Para empezar la gente que escribe estas leyes no tiene ni idea de lo que habla (no hace falta más que ver cómo hablan cuando les toca defender la ley). No acaban de entender aquello sobre lo que legislan y de hecho tampoco les interesa demasiado. Como decía antes, con obtener el beneplácito de los beneficiarios de la ley tienen suficiente. Además de eso, esa ambigüedad que tanto les gusta crea una inseguridad jurídica bastante grande ya que lo que hoy es considerado negro mañana puede ser considerado blanco con la misma ley en las manos, siempre respondiendo a los intereses de cada momento.

¿Qué es un fragmento no representativo de una publicación?¿Y un sitio web o publicación de actualización periódica?¿Qué quiere decir compensación equitativa en el ámbito de la nueva ley? ¿Qué entidades se encargarán de gestionar esas compensaciones? La propuesta de ley habla de todo esto, y tiene el deber de contestar a las preguntas, pero lo único que hace es lanzar las preguntas al aire y esperar a que lleguen las respuestas como mejor convenga.

Hay otro tema que huele claramente a haber sido puesto ad hoc, la irrenunciabilidad de los derechos que cada editor obtiene. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo mismo, como bloguero obtengo los derechos que esta ley da a los editores (siempre y cuando los privilegiados cerebros que la han creado consideren que mi blog es una publicación de actualización periódica), y no sólo eso, no podré renunciar a esos derechos por mucho que quiera. ¡Qué bien, pronto me haré rico! Bueno, la verdad es que el contenido de mi blog tampoco es reproducido tantas veces, y aún más lejos, si mis ganancias no llegan al mínimo establecido por la entidad de gestión que tan mal está especificada en la ley (¿será CEDRO tan vez?) ese dinero irá a manos de otros, aunque yo les diga que no quiero que se cobre por mis contenidos (en mi caso nadie va a hacerse rico pero imaginad aquellos blogs que tienen cientos y miles de seguidores). Muy buena jugada.

¿Todavía queréis más? Tranquilos, que hay más. Esta ley, sea aprobada o no, está condenada a morir, o mejor dicho está condenada a ser sustituida por otra que obviamente tendrá normas más restrictivas. ¿Qué tipo de chapuza es ésta? La única razón para justificar este proceder sería una situación de emergencia y no voy a aceptar que estemos ante un apocalipsis de la propiedad intelectual, al menos no ése del que nos hablan los defensores de la ley. No entiendo la necesidad de hacer la ley en dos pasos, no es más que un consumo de recursos en algo que sabes que está a medias. Si al menos quisieran fomentar un debate real respecto al tema… Pero si van a hacer lo que quieran cuando quieran, no entiendo el porqué de tanta prisa.

Cuando llegamos a Internet ya sabíamos que una de sus características más básicas era la compartición y flujo de información. El hecho de que lo le gusten las características de Internet al grupo de presión de turno no le justifica para cambiar la propia red.

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